Notas y Comentarios. Marzo 2015
autor: Daniel Loscertales Fuertes. Presidente de SEPIN. Abogado Fuente: El País, 4-3-2015

Nulidad del incremento de impuestos a los pisos vacíos

Hace ya un tiempo escribí un duro trabajo en contra de los ayuntamientos que imponían sanciones o incrementos de impuestos a los «pisos vacíos», sin tener en cuenta la legalidad y la libertad de la propiedad privada y el derecho de cada ciudadano a elegir qué hacer con la misma, que la ha comprado o heredado para vacaciones, jubilación, reserva para sus hijos, etc., es decir, capacidad de decisión sobre su patrimonio personal, terminando la citada exposición de la siguiente manera:

«Quiero llamar la atención desde estas páginas a los responsables autonómicos y municipales (con pocas esperanzas de éxito) de que retiren estas sanciones de hacer pagar más impuestos al que tenga un piso vacío y sobre todo si les obligan a alquilar a un precio irrisorio. Están fuera de la Ley y pueden y deben recurrir por la vía correspondiente, con el convencimiento (relativo) de que los Tribunales le darán la razón.

La llamada a recurrir no es para defender el trabajo de mis compañeros abogados, es algo mucho más importante y es hacer ver a la Administración Pública, sobre todo a los ayuntamientos, que la Ley hay que cumplirla y que los ciudadanos se merecen un respeto para su propiedad y esto lo hago constar también a favor de entidades de cualquier tipo, pues, como antes he dicho, cada uno puede destinar su dinero a lo que considere más conveniente, siempre dentro de la legalidad y pagando los impuestos que correspondan, pero nunca ser sancionados por ser libres en sus decisiones».

Pues bien, aunque ya ha habido varias resoluciones de algunos Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, merece hoy destacar la reciente Sentencia del TSJ de Asturias, que declara la falta de competencia de un ayuntamiento para determinar qué es «la desocupación» y creemos que tampoco las autonomías, salvo que tengan transferidas las competencias, pues la norma tiene que ser dictada por un Reglamento del Estado en desarrollo del Texto Refundido Ley Haciendas Locales (TRLHL).

Así lo dice el citado Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la reciente resolución de 16 de febrero de 2015, que todos los profesionales debemos tener en cuenta.

TSJ Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 93/2015, de 16 de febrero (SP/SENT/797299)

«(…) En el mismo sentido se han pronunciado las STSJ de Cataluña, Galicia y Madrid del 22 de julio y 07 de noviembre de 2011, y 14 de enero de 2010. En la primera resolución se dice que «El único objeto de debate, por tanto, se reduce a decidir si la expresión ‘por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente’ remite a un reglamento estatal o a una ordenanza municipal. En esta cuestión, debemos partir de que la Ley aplicada regula precisamente los tributos municipales, por lo que cuando quiere dejar margen a los Ayuntamientos para regular ciertos aspectos de tales tributos lo dice expresamente. Por eso, cuando el TRLHL no alude expresamente a los Ayuntamientos o a las ordenanzas municipales para regular ciertas cuestiones de los tributos locales, sino que deja su desarrollo a un ‘reglamento’, como hace en el art. 72.4.3.º (o en el art. 95.3, por poner otro ejemplo), debe entenderse que con ello se está remitiendo con precisión a las normas que aprueba el Gobierno Central, pues solo estas reciben el nombre técnico de ‘reglamentos’ (aparte de las que aprueban los Gobiernos Autonómicos, por supuesto). El art. 77.5 TRLHL recoge la competencia de los Ayuntamientos en materia de ‘gestión tributaria del impuesto’, por lo que la mención a la ‘calificación de inmuebles de uso residencial desocupados’ debe ponerse en relación con el art. 72.4.4.º (antes transcrito) que prevé que la exacción y liquidación del recargo exige una previa ‘declaración’ de la desocupación del inmueble. Es decir, que este artículo atribuye a los Ayuntamientos, y no a la Administración del Estado, la competencia para aplicar al caso concreto los conceptos fijados por el Reglamento estatal, pero no para desarrollar el concepto legal, que debe hacerse por ‘reglamento del Estado’». Y en la segunda que se remite a la sentencia dictada por el Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al interpretar el texto legal de las condiciones que se determinen reglamentariamente.

En definitiva, no se cuestiona la competencia municipal para aplicar el recargo, ni la definición legal de vivienda desocupada de la Administración Autonómica en el ámbito de su competencia específica respecto de la vivienda, sino la competencia para regular reglamentariamente las condiciones por las que un inmueble de uso residencial se considera desocupado con carácter permanente, y sí hasta que no se desarrolle puede ser exigido el recargo como establece la Ordenanza impugnada con efectos inmediatos pendientes de la confección del padrón correspondiente con las viviendas desocupadas en los términos definidos por la norma autonómica, lo que excluye que estemos ante una declaración hipotética o futurible como sostiene la defensa de la Administración demandada y por tanto no susceptible de recurso contencioso-administrativo. Y ante los interrogantes expuestos la respuesta no puede ser otra que la que defiende la Asociación recurrente con razonamientos que ponen de manifiesto la nulidad del recargo».

Así pues, dicho Tribunal va por el buen camino, que espero sigan otros órganos jurisdiccionales, aunque para eso es necesario que los propietarios, unidos o en asociaciones, impugnen estas ordenanzas que son injustas, carentes de base jurídica, por lo menos según mi criterio, pero sobre todo de escaso contenido moral y social el hecho de que, como se ha dicho al principio, a una persona se le «castigue» por acudir temporalmente a un pueblo o ciudad, que quiere y ama, o simplemente, como también hemos apuntado, que esté haciendo un sacrificio en bien de sus hijos o de su propia jubilación, o simplemente que invierta unos ahorros en un piso, pues otros lo hacen en «fondos» de muy variada especie y nadie les pone una multa anual, simplemente pagan los impuestos correspondientes. Solo falta que el precio de alquiler también se imponga, por debajo del normal de mercado, incluso a aquellos que tienen el piso a la venta y no lo consiguen, pues el error está en el planteamiento de que cualquier persona que tenga una vivienda es un pequeño o gran capitalista. ¡Gran error de apreciación y de concepto!

En fin, querida Administración local, que es la más cercana al ciudadano, es mejor que se preocupen del bienestar de los vecinos y de no sacar a toda costa impuestos que no tienen justificación alguna, haya o no elecciones municipales.